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Tarea para las Nardis Suxo del futuro

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Recuerdos del presente

Una deuda para el futuro

Humberto Vacaflor Ganam

De pronto ha caído una cortina de silencio sobre el tema ETI-ENTEL, que representa el riesgo de que el país pierda 1.010 millones de dólares por indemnización a la empresa italiana, más un interés compuesto de 10% anual.
Lo último que se supo sobre este caso fue que el gobierno nacional decidió procesar a la ex ministra de Defensa del Estado, Cecilia Rocabado, quien respondió diciendo que el presidente Evo Morales sabía de todo el proceso que se estaba desarrollando ante el CIADI, y de los contratos con abogados extranjeros.
Unos días antes, la ex ministra había dicho que quien manejó el tema, comenzando por la contratación del consorcio de abogados norteamericano Foley Hoeg Lp, fue su antecesor en el cargo, Héctor Arce Zaconeta, ahora presidente de la Cámara de Diputados.
Todo esto tiene que ver con la decisión del gobierno boliviano, expresada a través del consorcio de abogados contratado, de aceptar una propuesta de ETI para llevar el diferendo sobre la nacionalización de ENTEL a conocimiento y decisión de un comité ad hoc. Es ante ese comité que los italianos plantearon las sumas mencionadas como indemnización.
El acuerdo respetaba la exigencia boliviana de desconocer la autoridad del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), por razones de soberanía. Por lo tanto, los italianos propusieron –y los abogados de Bolivia aceptaron- llevar el caso a un comité ad hoc, donde los intereses bolivianos tienen todas las de perder.
Es decir que Bolivia, los intereses de Bolivia, cayeron en una trampa. Si el propósito era ofender al CIADI, considerado un instrumento del imperio, se lo ha logrado. Pero a cambio de eso se aceptó una solución que es peor que el CIADI.
Este error salió a la luz cuando ETI hizo conocer su exigencia de indemnización. La reacción de las autoridades nacionales fue de desconcierto. Por instinto optaron por culpar a alguien, a la pieza más débil, para procesarla y probablemente llevarla a la cárcel, acusada de haber provocado semejante pérdida de dinero al país.
La primera actitud de defensa de Rocabado fue decir que ella no conducía el Ministerio de Defensa del Estado cuando se decidió contratar a los abogados. Pero nadie la escuchó. Fue cuando la ex ministra reveló que el propio presidente sabía todo el proceso que llevó al error.
Entonces cayó el telón del silencio.
Toda esta historia será probablemente un jugoso tema para las futuras Nardis Suxos que se den en el país. Para comenzar podrán averiguar cómo se eligió al consorcio de abogados y cuánto se le pagó. En su defensa, el ahora presidente de Diputados podrá mostrar la licitación o el procedimiento que siguió para contratar a la empresa.
Pero las Suxos del futuro se darán un banquete cuando deban preguntar al ahora presidente Evo Morales cómo es que él autorizó todo este proceso. Para ello se deberá confrontar lo que ahora dice la ex ministra Rocabado: que el presidente sabía los detalles del caso ETI-ENTEL.
Por el momento es probable que el caso sea disimulado. Pero los parlamentarios y los medios tienen que saber que el país está a punto de perder más de 1.000 millones de dólares.


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