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El robo a las AFP

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El problema no es la plata, el problema es el riesgo

Alberto Bonadona Cossío

El problema no es la plata, el problema es el riesgo
La calificación de la capacidad de devolver el dinero o la solvencia del deudor es lo que cualquier prestamista, inversionista financiero o la banca necesita para disponer del dinero que maneja.

Esto es lo que las AFP requieren para invertir los dineros ajenos (de los afiliados) y tener la seguridad que los mismos se capitalicen y así pagar las pensiones a los futuros trabajadores que, en algún momento de su vejez, se jubilarán.

Para lograr este respaldo, las AFP tienen la obligación de exigir en todas sus operaciones financieras, relacionadas con valores transados representativos de deuda, la denominada calificación de riesgo. Esta calificación, otorgada por empresas especializadas, es el punto central que se elimina en la operación tan rimbombantemente anunciada por el Gobierno y la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz.

La Ley 65 introdujo el inciso c) del artículo 140 que exime a las AFP de esa calificación de riesgo a un 5% de los actuales 14.000 millones de dólares (casi la mitad del PIB) que administran a nombre de los afiliados. Esto significa 700 millones de dólares que las AFP podrían destinar a pequeños y medianos productores sin la calificación explicada en el párrafo anterior. Este uso de dineros ajenos responde a una iniciativa de los agroindustriales de Santa Cruz, bajo los auspicios del Gobierno.

El problema no es que se otorgue una garantía artificiosamente elaborada con participación de los agroindustriales y recursos de la banca; el problema es que la parte más importante de la garantía (50 millones de dólares) sale de los mismos recursos de los afiliados. Es como pedir a un amigo que me preste plata y le garantizo con su misma plata que le voy a devolver el préstamo.

De los tres componentes que tiene la garantía, el más importante ya referido son 50 millones que salen de los recursos de las AFP que -se promete- se invertirán financieramente para que con la ganancia que se obtenga se cubran 100 millones de dólares, que se destinarían al préstamo de pequeños y medianos agricultores de todo el país. Una operación de este tipo exige una tasa de interés del 7% anual, por un período de 20 años, ¿por qué no se sugiere a las AFP invertir en estas rentables operaciones de manera directa, sin la intermediación del Estado?

El problema no es que mientan, el problema es que nunca explicaron cómo funciona el 5% introducido en el mencionado inciso c) a los dueños de estos dineros. En su momento se dijo que la Ley 65 tenía la aprobación de los interesados (afiliados), porque fue la COB del año 2010 que dio su consentimiento a esta ley. Pero los dirigentes ni siquiera preguntaron en qué consiste una calificación de riesgo o en qué se diferencia de una garantía, como es la que ahora se ofrece. La COB de hoy, la de 2017, rechaza este uso, pero ahora el Gobierno dice que esta organización no representa a los afiliados.

El problema no es prestar a pequeños y medianos agricultores, el problema es que la garantía la otorgue el que comprará la incierta producción agrícola: el gran agricultor. En qué cabeza cabe que cualquier persona, y más una empresa, cuyo fin es el lucro, resulte pagando una garantía por un producto que puede o no generarse .

El problema no es la Ley 65, el problema es el inciso c del artículo 140 de esta ley que favorece el engaño y que fue introducida subrepticia y demagógicamente. Si el Gobierno quiere favorecer a los pequeños productores que use el sueldo de los jerarcas del Estado o las utilidades acumuladas de los agroindustriales.


Alberto Bonadona Cossío es economista.

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