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Receta argentina contra el narcotráfico

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OPINIÓNDOMINGO 03 DE ENERO 2016

 
Diez propuestas para la investigación y persecución del narcotráfico
Por: Mariano Borinsky

Escrito en colaboración con Hernán Blanco

(Infobae)


A partir de la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la creación de una Comisión dedicada al estudio de la problemática del narcotráfico (Acordada Nº 28/2015 de ese tribunal), se proponen las siguientes medidas, relacionadas con los tres aspectos comprendidos en el fenómeno del narcotráfico según se estableció en la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" de 1988 (Convención de Viena). Esto es: precursores químicos, lavado de activos y tráfico de estupefacientes.


1) Precursores químicos: Relevamiento de los 10 o 15 precursores químicos más importados (en términos de volumen) a la Argentina y exportados a diversas partes del mundo. 

El propósito del relevamiento es contrastar los datos de importación (aportados por el Registro de Precursores Químicos y la Dirección General de Aduanas de la AFIP, que autorizan las importaciones de precursores químicos) con la estimación de las necesidades legales anuales para cada químico, aportada por la ANMAT o por las cámaras empresarias del ramo. De esa forma pueden detectarse posibles desvíos al mercado ilegal.

A fin de determinar a qué países se exportan mayores volúmenes (esta información puede ser aportada por el Registro de Precursores Químicos y la Dirección General de Aduanas de la AFIP, que autorizan las exportaciones de precursores químicos). Este dato se puede contrastar con los informes anuales de la Junta Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU sobre estupefacientes producidos en dichos países, para determinar si la demanda puede no obedecer a usos lícitos.

2) Base de datos única sobre secuestros de precursores y laboratorios.

Se propone la creación de una base de datos unificada, a la que puedan acceder las fuerzas de seguridad federales mediante clave, y consultar otras mediante pedidos por escrito. Allí pueden volcarse los datos sobre secuestro de precursores químicos en procedimientos por narcotráfico (lugar del secuestro, estupefaciente vinculado, cantidades, tipo de químico, negocio de origen, datos de trazabilidad, etc.). De esa forma pueden detectarse tendencias en cuanto a los movimientos del mercado ilegal.

Un ejemplo de este tipo de bases de datos es la base VICAP del FBI, en la que se vuelca información de todo el territorio estadounidense. En la Argentina, la base de datos de mención podría estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a su cargo a las fuerzas de seguridad federales.

3) Lavado de activos: Digitalización de todos los datos de los registros públicos de comercio sobre sociedades. 

Esta es uno de los principales obstáculos para la investigación de vínculos societarios en la Argentina. Ni en la Inspección General de Justicia ni en los registros públicos de comercio pueden hacerse búsquedas "por persona".

Es decir: no puede consultarse a nivel local (y menos nacional) en qué sociedades tiene intervención una determinada persona (identificada con nombre y DNI). Sólo puede preguntarse quiénes son los integrantes de una determinada sociedad.

La propuesta no es sólo informatizar los datos en un sistema que permita una búsqueda por nombre y DNI, sino compilar todos los datos en una única base, que permita una búsqueda a nivel nacional de ese y otros datos relevantes.

4) Instrucción de la Procuradora General de la Nación para que se inicie investigación patrimonial/por lavado de activos en todas las causas en las que se investiguen delitos generadores de fondos.

A partir de la reforma del tipo penal de lavado de activos, que permite la represión del "autolavado", es fundamental que el posible lavado de los fondos generados por los delitos se investigue en paralelo. Cuando se trata de organizaciones criminales, esta forma de investigación permite alcanzar a todos los niveles de la organización.

A modo de ejemplo, la Procuración General de la Nación emitió la Instrucción General Nº 129/09, en la que ordena a los fiscales requerir, desde el inicio del proceso, las medidas cautelares necesarias para el recupero de bienes producto de hechos de corrupción (lo cual importa, a su vez, una investigación patrimonial). A su vez, emitió manuales de investigación patrimonial para asistir en dichas tareas. La resolución mencionada puede ampliarse para incluir a otros delitos generadores de fondos como narcotráfico y trata de personas, por ejemplo. 

Relacionado con lo anterior: La instrucción debiera requerir a los fiscales que en todos los allanamientos por estos delitos se solicite también la búsqueda de documentación o datos que puedan servir para la investigación patrimonial.

5) Protocolo para allanamientos en domicilios en los que pueda existir material de interés para investigación de lavado de activos.

Dirigido a las fuerzas de seguridad que colaboran con los allanamientos. Debe instruírselas para que no sólo busquen evidencia relacionada con el narcotráfico propiamente dicho, sino también con cuestiones vinculadas al lavado de activos (documentos contables, archivos informáticos, etc.). Una referencia en esta cuestión son los protocolos que elabora y publica el Departamento de Justicia de los E.E.U.U. (DOJ) para uso de los fiscales federales y las fuerzas de seguridad. 

6) Tráfico de estupefacientes: Protocolo único para análisis de estupefacientes en todo el país. 

La finalidad es unificar el modo en que se analizan los estupefacientes secuestrados en todo el país y digitalizar dichos informes, cargándolos en una base de datos única (debiera ser la misma que se mencionó en la parte de precursores químicos). De esa forma pueden compararse las características de los estupefacientes secuestrados en todo el país, a fin de detectar coincidencias y a partir de ello establecer conexiones entre organizaciones de narcotráfico en distintas jurisdicciones.

7) Base única con datos de procesados por narcotráfico en todo el país (federal o local). 

Relacionado con lo que se viene proponiendo en punto a la posibilidad de una base de datos que permita establecer relaciones entre organizaciones criminales en toda la Argentina. Los datos a incluir deberían incluir el nombre, alias, DNI, domicilio, huellas digitales y foto digital (para software de reconocimiento facial), lugares donde se vendía la droga, estupefacientes comercializados, características de la droga (ver punto anterior), origen del estupefaciente, personas vinculadas, y todo otro dato relevante para establecer relaciones o tendencias.

También se deberían cargar en el sistema datos de mulas: Nombre, documento de identidad, nacionalidad, país de origen y destino, huellas digitales y foto, tipo y características de la droga secuestrada, datos obtenidos de teléfonos y efectos de la mula, hotel en el que estuvo alojada, nombres de sus presuntos manejadores, etc. 

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCo) hizo un relevamiento sobre mulas en 2006.

8) Protocolo sobre resguardo de evidencia informática en allanamientos.

En el entorno actual, en el que la cantidad de documentos que se mantiene en formato digital es cada vez mayor, resulta imprescindible adaptar la forma en que se llevan adelante los allanamientos para detectar y resguardar la evidencia digital.

En el exterior, el Departamento de Justicia de EEUU o la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido han emitido protocolos (que pueden encontrarse en online) para guiar a los miembros de fuerzas de seguridad que llevan a cabo los procedimientos para que resguarden adecuadamente la evidencia digital que encuentran en computadoras, smartphones y otros equipos similares. Es fundamental hacer lo mismo en Argentina.

9) Tratamiento específico de los nuevos medios de prueba tecnológicos en el Código Procesal Penal

Los medios de prueba actualmente legislados no están debidamente adaptados al avance de la tecnología en materia de comunicaciones (por ejemplo, a sistemas de comunicación a través de Internet como Skype, Facetime, etc), de almacenamiento remoto de datos (en la "nube"), de protección de datos mediante encriptación y cuestiones similares. 

Esto marca un desfasaje entre el avance de las organizaciones criminales y el modelo de investigación vigente, que sigue enfocado en la obtención de documentos de papel, intervención de comunicaciones telefónicas, etc.

10) Capacitacion: constante y elaboración de informes anuales o semestrales para los fiscales, jueces y las fuerzas de seguridad encargadas de la investigación de delito de narcotráfico y lavado de activos sobre.

Jurisprudencia vinculada a cuestiones sobre investigación (allanamiento, escuchas, nulidades, etc.). Nuevas tecnologías en materia de comunicaciones y métodos para monitoreo. Tendencias internacionales en materia de narcotráfico y lavado de activos.


Mariano Hernán Borinsky es Juez de la Cámara Federal de Casacion Penal, Doctor en Derecho y Profesor Universitario.

Hernán Blanco es Secretario de Casacion Penal. Autor de obra jurídica sobre Lavado de Dinero

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