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Noticias silenciadas

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La siguuente crónica de Siglo 21, N 1124 (de esta semana) relata lo que pasó el Oruiro el sábado 5 de junio.

Los medios de comunicación del oficialismo boliviano, que son cada vz más numerosos, han tratado de ocultar estos hechos.

 

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Desencanto con furia

La furia popular que se desató en Oruro en el sepelio de los cuatro policías asesinados en la región de Uncía fue la condena más severa que ha recibido en lo que va de su gestión el presidente Evo Morales.
No a la whipala: La casa de la hermana del presidente fue apedreada y en el momento del velatorio, los parientes de los policías asesinados por los ayllus de Sacasaca rechazaron la bandera whipala que alguien del gobierno quiso poner sobre los ataúdes, e intentaron quemarla. La gente gritaba “Evo asesino”, informaron los diarios que no pertenecen al gobierno. “La Patria” dijo que la marcha se produjo de manera espontánea y expresó la indignación de los orureños por la inoperancia del gobierno.
Lo que encendió la chispa fue la comprobación, hecha mediante autopsia, de que uno de los policías había sido asesinado sólo tres días antes de la entrega de los cadáveres, el 1 o 2 de junio, mientras que los otros tres habían fallecido el 23 de mayo. Lo mataron para que no pueda identificar a los asesinos.
Cae la popularidad: Estos hechos, producidos en el departamento donde nació el presidente Morales, se registran a los pocos días de que la encuestadora Ipsos hiciera saber que la popularidad del mandatario cayo, en lo que va del año, de 70% a 44% en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Expertos en lectura de encuestas nos dijeron que hay un agotamiento de la gente por el estilo del presidente, confrontador y agresivo, pero también un repudio a la decisión de Morales de comprar un avión de US$ 38MM para la presidencia.
El gesto de rechazo a la whipala parece expresar la indignación de la población urbana de Oruro con el asesinato cometido por los indígenas de la zona, pero también expresa repudio hacia la Constitución Política del Estado que el gobierno hizo aprobar por sus delegados en una asamblea constituyente itinerante que terminó, casualmente, refugiada en Oruro en diciembre de 2007. Ese es el texto que concede autodeterminación y control de su territorio a los pueblos originarios, como los que asesinaron a los policías.
Para poder recuperar los cadáveres tuvo que intervenir la Iglesia católica, porque los ayllus no permitieron el ingreso ni de la policía ni del defensor del pueblo, además de exigir que no ingrese el periodismo.
Control de información: Después del sepelio y de la furia, el gobierno ha enmudecido. Se ha limitado a mantener un estricto control de información, por lo menos en los medios de su propiedad. En La Paz, sólo “La Prensa” informó sobre la manifestación de Oruro, mientras que el diario “Cambio”, formalmente oficialista, así como los otros dos matutinos que controla, la ignoraron.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, está callado desde los hechos de Caranavi. Sólo ha hablado el viceministro Gustavo Torrico, asegurando que la investigación se hará, a pesar de que los ayllus pusieron como condición para la devolución de los cadáveres que no haya ningún castigo.

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