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El gobierno en un embrollo

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[Humberto Vacaflor]

ECONOMÍA Y FINANZAS

¿Minería ilegal está condenada?

Los mineros que se enfrentan en las calles de La Paz mientras el gobierno deshoja la margarita del código de minería, están ensangrentando la sede de gobierno pero también están poniendo a Bolivia en un conflicto.

 


84,6%

De la renta petrolera es absorbido por el gobierno central, según Mauricio Lea Plaza.


8,1%

De esa renta tiene como destino los 340 municipios del país.


5,0%

De la petrolera es para las gobernaciones, según ese mismo informe.

El ministro de comercio de Japón, Yukio Edano dijo a los proveedores de gas natural licuado (GNL) que su país está buscando un “cambio de paradigma” en la forma en la que se fija el precio de su producto. ´Desde la década de los 1990, Japón mantiene un sistema de precios semejante al que Bolivia tiene con sus clientes que está ligado al precio del petróleo. El anuncio ha generado alarma entre los proveedores que deberán replantear sus inversiones.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) decidió, justamente esta semana, elaborar una estrategia para frenar el avance de la minería ilícita, una actividad en la que participan muchas de las cooperativas mineras de Bolivia.

El país ha enviado representantes a una reunión de expertos de la CAN para elaborar las bases del Comité Andino Contra la Minería Ilegal. En 30 días el comité estará en funciones.

Es una acción coordinada para fortalecer la capacidad y efectividad en la prevención y control de la minería ilegal y sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, de manera armónica.

Un informe difundido por Portafolio de Colombia dice que al estar en vigencia el aludido comité, “los países miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”.

Es decir que el país está en un brete. La minería ilícita que existe en Bolivia y que es tolerada por las autoridades por conveniencias políticas, es condenada en la región y el país estará obligado a acatar esas disposiciones.

El problema no es solamente de tipo geopolítico y político, sino también económico. Si la minería ilícita fuera condenada en Bolivia, miles de familias, quizá más de las 120.000 de las cooperativas mineras del altiplano, quedarían sin trabajo.

Aquí surge la pregunta más difícil. Si el gobierno decidiera cumplir los compromisos andinos y prohibir la minería ilícita, ¿tendría el Estado boliviano la capacidad de ponerlos en práctica?

La perspectiva de las elecciones de 2014 ponen en duda que el gobierno nacional quiera hacer nada en contra de los cooperativistas, como se observa en el conflicto de Colquiri.

DÓNDE VAN LOS DÓLARES DEL GAS

¿Cómo se distribuyen los recursos que recibe el estado por la venta del gas de los bolivianos? La versión oficial es que las empresas privadas petroleras multinacionales que operan en el país debían recibir 18% mientras que el Estado plurinacional debía recibir el 82% restante. La realidad es algo diferente, según dijo un representante de las petroleras que trabajan en el país, durante el último congreso del gas: la cifra es más cercana a 50-50.

Según las estimaciones de Mauricio Medinaceli el resultado de la nacionalización no ha sido tan impresionante como se esperaba (ver gráfico). Las cifras de 2011 muestran que las empresas se quedan con 33% entre costos recuperables y sus utilidades. Aunque Medinaceli no lo dice, está claro que la mayor parte de los recursos que recibe el Estado llega gracias al IDH 33%, una medida instituida por el último gobierno “neoliberal”. La nacionalización aporta con 16% casi la mitad. El resto son las regalías.

En estas cifras no figuran los ingresos que tienen otras empresas que trabajan en hidrocarburos dentro de Bolivia que son las empresas que nos venden combustibles y lubricantes derivados del petróleo que Bolivia no produce. Estas empresas se quedan con un porcentaje creciente del dinero que recibe el estado por la venta de gas: en 2006 se quedaron con 20,06% y en 2011 fuetreparon hasta 38,89%.

Si se consideran estos gastos en importaciones o si se consideran sólo los ingresos netos por el comercio de hidrocarburos la realidad del país tendría que preocupar a quienes lo están manejando.

 

 

CAUSA

No se cumple con los inversionistas

El manejo del contrato con Jindal Steel & Power, de parte del gobierno, fue tan incompetente que la empresa tuvo que irse del país.

 

EFECTO

Los inversionistas piden compensación

Ahora, la empresa hindú anuncia que pedirá, ante tribunales internacionales, el pago de US$ 100 millones de parte del Estado boliviano como compensación.

Comibol tiene en sus manos la administración de la mitad de la mina Colquiri, según el acuerdo salomónico suscrito por el propio presidente Morales el 19 de junio pasado.

Pero es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia la que se ocupa ahora de incorporar en la planilla de Colquiri a los cooperativistas que deseen pasarse de bando.


Venezuela importa

Según la Cepal, en el primer semestre de este año las importaciones venezolanas aumentaron en 25,3% respecto al mismo período del año anterior. Una de las cifras más sorprendentes es que las importaciones de su vecino Colombia han aumentado en 66% durante el primer semestre, e incluyen gas natural y derivados de petróleo.

Inversiones en Perú

La consultora Macroconsult está revisando sus predicciones de crecimiento económico de Perú. La predicción para este año es de 6%, pero aseguran que esto podría subir a 7% en 2013 gracias a las inversiones que llegarían como consecuencia de los planes de incentivo económico de EEUU y China. Perú ahora cuanta con tratados de libre comercio con ambos.

Argentina vs Repsol

Repsol, que conserva 12% de las acciones de YPF, ha denunciado la expropiación ante tribunales internacionales y reclama XXX7.665 millones de compensación. Argentina acusa a Repsol de dificultar que YPF consiga socios. En el "informe Mosconi", el Gobierno argentino criticó los "aprietes de Repsol para que otras compañías no se asocien con la YPF nacional".

DATOS

En arbitraje internacional Jindal Steel Bolivia demandará la restitución de $us 100 millones que supuestamente invirtió en el país, además de los ingresos proyectados por la explotación y comercialización del hierro en la mitad del cerro Mutún.

Acaba de darse a conocer el Informe Anual 2012 de Libertad Económica del Mundo, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, donde Bolivia retrocede al lugar 104 entre 144 países.

El total de ingresos por la explotación de minerales en 2011, entre regalías e impuestos, fue de US$ 506 millones, de los cuales el sector asalariado (con unos 16.000 trabajadores a nivel nacional) aportó con US$ 462 millones de dólares (91%), mientras que los cooperativistas mineros con más de 120.000 aportaron con US$ 44 millones (9%), según la COB.

Los bancos indagan el origen de ahorros y destino del retiro de dinero de los bancos. El Ministro Arce dice que pedirá flexibilizar las normas para cobrar cheques. La autoridad hizo dicha solicitud a la UIF y a la ASFI, pero recordó que este tipo de información es requerida en varios países para luchar contra el lavado de dinero.

Humberto Campodónico, presidente de Petro-Perú, señaló que tiene previsto que la petrolera estatal ingrese a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a fines de año, ya que se encuentran en un proceso de aclarar dos puntos importantes para generar confianza en los inversionistas: la refinería de Talara y la participación en 37 lotes.

Lo bueno

Es que la ONU dice que la superficie dedicada al cultivo de coca en Bolivia se redujo en 12% durante al año pasado.

Lo malo

Es que este inventario no tomó en cuenta los cocales existentes en los parques nacionales, y sólo contó los de Yungas y Chapare.

Lo feo

Es que, según el informe, 63% de la coca cultivada en las áreas comprendidas en el inventario no pasa por los mercados legales y tiene como destino el narcotráfico.

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