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Evo y la Enron

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Recuerdos del presente

Los caciques de la Enron

Humberto Vacaflor

Parece justo que en esta columna, de donde salieron las denuncias más serias contra la escandalosa llegada de la Enron a Bolivia, se diga algo sobre la salida de la empresa, que está resultando igualmente escandalosa.
Los herederos de la Enron siguen apareciendo. Antes, cuando se produjo su llegada, eran los abogados, economistas y filósofos neoliberales y ahora son, otra vez, abogados, economistas y charlatanes, pero de la corriente indigenista. Con levita o con ojotas, todos corruptos.
El gobierno del MAS dispuso la nacionalización de Transredes, la empresa que creó la Enron en sus días de gloria, cuando llevaba al presidente de Bolivia en aviones propios de aquí para allá. Ahora, el presidente de Bolivia viaja de aquí para allá en aviones también ajenos y deja a sus colaboradores que hagan y deshagan con los intereses de Bolivia.
Esos colaboradores actúan libremente, porque el presidente no tiene tiempo para las minucias de gobernar, ahora que funge de libertador de los indígenas del planeta.
Con esa libertad, los ministros del presidente dispusieron que las socias de Transredes, que son la Shell y la Ashmore, se vayan del país con una jugosa indemnización, de 240 millones de dólares. Pero aquí habría que añadir: “plus taxes”. Porque las empresas se fueron sin haber pagado 50 millones de dólares de impuestos.
La Enron había llegado mediante estafas y sus herederos se fueron con estafas. Por supuesto que en ninguna de las dos oportunidades hubo buena fe de parte de la contraparte. Cuando llegó la Enron, se benefició Gonzalo Sánchez de Lozada y por lo menos dos de sus ministros. Ahora que se han ido los herederos de la Enron, tienen que haber beneficiarios colaterales.
Si una empresa recibe, como caídos del cielo, 290 millones de dólares, no es un descuido de algún funcionario del gobierno: es corrupción. Algún porcentaje, de 10% o quizá de 20%, o sucesivamente esas dos cifras, quedó para algún funcionario.
Quizá sea el mismo o los mismos funcionarios, los que anunciaron que la Air BP debe ser indemnizada por los seis camiones cisternas que poseía y que fueron tomados valientemente por el ejército boliviano tras la patriótica orden del señor presidente el pasado 1 de mayo. Los británicos habían hecho saber que se irían del país dejando como donación todos sus activos, es decir los seis camiones.
Pero un ministro anunció a los pocos días que estaba contratando una oficina de abogados de Nueva York para establecer el monto de la indemnización. Para comenzar, los abogados pasarán una factura de por lo menos 5 millones de dólares, previo acuerdo de una comisión. Y luego, cuando la BP se entere de que alguien insiste en pagar por las cisternas, dejará una talega libras para los ocurrentes ministros bolivianos.
Y los italianos de la ETI también deben estar sorprendidos. Nadie contabilizó lo que estaban dejando, y menos lo que se estaban llevando. Resulta difícil establecer, en el informe de la Price Waterhouse, todos los descuidos cometidos por los funcionarios bolivianos.
Para evitar que esto sume y siga, y si hay alguien de buena fe en el gobierno, sería bien recomendarle que por lo menos contrate un contador cuando se vaya a nacionalizar algo. Es cuestión de sumas y restas.


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