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Un Estado que no puede aplicar sus leyes

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Una ley en duda

 

Humberto Vacaflor. El Diario

 

El presidente de la Federación de Cooperativas Auríferas de La Paz, Edmundo Polo, no cree que el Estado boliviano tenga la capacidad de aplicar sus leyes en el sector minero.
Lo dijo a propósito del anuncio de que la Ley de Inversiones se propone prohibir los asaltos a las minas. Recordó que los comunarios de Huaripampa, en combinación con ciudadanos peruanos, acaban de asaltar la cooperativa de la zona.

• Los cooperativistas mineros del altiplano viven otra realidad: son ellos los que, cuando así lo desean, asaltan minas de propiedad privada, a veces en coordinación con Comibol, como es el caso de Colquiri, y a veces en coordinación con ayllus.

• El lunes pasado, en Santa Cruz se realizó una marcha de ciudadanos que exigen al gobierno cumplir con sus anuncios de expulsar a los avasalladores de predios en producción.

Treinta predios siguen en manos de los asaltantes a pesar de todos los anuncios del gobierno sobre su presunta intención de expulsarlos y mandarlos a la cárcel.

Resumiendo, se podría decir que aprobar ahora una ley de incentivo a las inversiones, como se llama el proyecto del gobierno, es por lo menos ilusorio, si es que no se toman las medidas que permitan garantizar las actividades económicas.

• Esta semana, los pobladores de Yapacaní se levantaron en contra del proyecto de instalar en la zona un cuartel de Umopar para la lucha contra el narcotráfico.

Esto añade una dificultad mayor: hay territorios donde el Estado boliviano no tiene capacidad de aplicar sus leyes, ni siquiera contra el narcotráfico, como ocurre en todo el Chapare y sus zonas de influencia.

• Un bloqueo en Minero contra el alcalde de la zona frenó la salida de la soya.

• Que el presidente Evo Morales tenga buenas relaciones con la cúpula de los empresarios cruceños no ayuda a olvidar que, en realidad, en Bolivia no hay garantías para la actividad económica privada.

• Mientras el gobierno no muestre que puede prohibir los asaltos a las cooperativas mineras, los asaltos a las empresas mineras del altiplano, los asaltos a los predios agrícolas en producción de Santa Cruz, parece inútil aprobar una ley de inversiones. Y parece cínico llamarla Ley de Incentivo a las inversiones.

• También debería el gobierno responder a la CEPB cuando denunció que sus asociados sufren el “acoso” del SIN, que confunde multas con recaudaciones tributarias.

Ahora se entiende por qué se demoró ocho años esta ley. Y sigue estando muy verde.

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