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Anular las elecciones?

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Ante un grave error

El gobierno del presidente Evo Morales está en riesgo de recibir un masivo rechazo electoral en el mes de octubre en las elecciones de renovación judicial, ante lo cual no se descarta que opte por anular la consulta.

Regalo a la oposición: Pero la línea dura del gobierno seguía la semana pasada amenazando a quienes proponían el voto nulo, con lo que la oposición estaba recibiendo como obsequio que se la atribuyan todos los votos que terminen anulados.

En este ejercicio, incluso los votos de los ciudadanos que se equivoquen al votar serán contabilizados como votos opositores.

Con muy buen olfato, el jefe del MSM, Juan del Granado, fue el primero en postular que la elección sea considerada como un plebiscito contra el gobierno.

Proceso cuestionado: Todas las encuestas, sin embargo, mostraban que los ciudadanos estaban decididos a votar nulo no sólo por criticar al gobierno, sino también por condenar el método elegido para este proceso.

El cuestionamiento se fortaleció la semana pasada cuando observadores de la OEA hicieron críticas al procedimiento, críticas que coinciden con las que habían estado haciendo la oposición política y los periodistas.

Óptica diferente: Pero hay otra lectura de todo esto. El senador opositor Luís Pedraza dice que estas elecciones, con todos sus defectos, responden a un frío plan del gobierno para desprestigiar la democracia representativa.

Por lo tanto, el conteo de los votos no le interesa al gobierno, incluso si, como es muy probable, el voto nulo llegue a 80%.

Dice Pedraza que un gobierno elegido con 30% de los votos de quienes asistieron a las elecciones de abril de 2009, pero que logró contabilizar 64% de los votos válidos, ha avanzado suficiente en su propósito de debilitar la democracia representativa (y urbana) usando como armas a la democracia directa y la democracia comunaria.

Pobre voto urbano: Esta elección sería, según Pedraza, la culminación del proceso de debilitar y menospreciar a la democracia representativa y urbana. La oposición consiguió en Tarija 51% de los votos válidos pero sólo consiguió 34% de los cargos electos, porque el nuevo sistema electoral da a los pueblos originarios cuotas fijas que no tienen relación con la cantidad de votos. En Venezuela sucedió lo mismo en las últimas elecciones, con una oposición que resultó derrotada a pesar de haber logrado más de 50% de los votos emitidos.

Momento tenso: Por lo tanto, si el gobierno temiera la posibilidad de ser derrotado por el voto nulo, el presidente Morales tendría que anular la consulta de octubre; pero si el análisis de Pedraza estuviera acertado, al gobierno no le interesaría lo que terminen votando los ciudadanos.

Además, según dice Pedraza, ¿qué interés tendría ahora el gobierno por copar el poder judicial, si ya lo tiene copado? No necesita hacer tantos esfuerzos, con tan complicados procesos, para tener lo que ya tiene.

Pero si las cosas fueran como aparentan, el gobierno tendría que estar preocupado por lo que se viene. En esta óptica, observar lo que venga resulta más interesante.

 

Evo, el abandonado

Con tono de caudillo molesto con los malagradecidos, el presidente Morales se quejó la semana pasada de que algunos pueblos originarios le estén dando la espalda.

“A Rodovía”: Lo que más le molesta es que los pueblos del parque natural Isiboro-Sécure se opongan al proyecto del gobierno de atravesar ese parque con una carretera.

Esa carretera, que el brasileño José Serra bautizó como “a rodovía da cocaína”, está forzando al gobierno de Morales a cambiar algunos de sus principios.

Consultas inútiles: Este fin de semana, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijo que las consultas que deben hacerse a los pueblos originarios del país para cualquier proyecto que afecte sus tierras, “no son vinculantes”.

Los pueblos originarios podrán decir lo que quieran sobre esos proyectos, pero no podrán frenar la voluntad del Estado nacional.

El “Estado plurinacional”, compuesto por 36 “naciones” originarias, lo es sólo para la propaganda y los festejos, porque en la práctica el Estado nacional es más fuerte.

Proyecto y proyectos: Lo que es notorio en este proceso es que la voluntad de los pueblos originarios pierde fuerza de ley cuando frena proyectos petroleros o carreteras que interesan a los habitantes del Chapare.

Los primeros originarios que se alejaron del gobierno y de su caudillo fueron los “lecos” y los “mosetenes” del norte de La Paz, porque no se les consultó (como manda la constitución) para el ingreso a su región de la petrolera venezolana PDVSA.

En ese caso, el gobierno hizo en vano el sacrificio de desdeñar a aquellos originarios, porque la petrolera venezolana no encontró ningún yacimiento en la zona. Sólo quedó allí un pueblo ofendido.

Un parque incómodo: Esta vez se trata de un proyecto que conectará los departamentos de Cochabamba y Beni, es cierto, pero que no tenía por fuerza que atravesar el parque natural. Lo único que reclaman los pueblos del parque es que se respete la ley sobre los parques, que prohíbe que sus territorios sean reducidos con ningún pretexto.

Algunos empresarios de Cochabamba se han puesto del lado del gobierno con el argumento de que la carretera les permitirá entrar a los mercados del norte del país. Pero cuando vieron la firmeza de los originarios optaron por sugerir que se busque un trazo alternativo para el mismo proyecto.

Aliados collas: Ahora las cosas se han complicado más todavía, porque no son solamente los pueblos del parque los que protestan: han recibido el apoyo firme del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ).

El cambio de actitud del gobierno hacia los pueblos originarios no es solamente con aquellos de las tierras bajas, por lo menos desde la semana pasada.

El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, ordenó la expulsión de los pueblos originarios que volvieron a asaltar la mina Sayaquira, en La Paz, y dijo que el gobierno deseaba garantizar las actividades de la empresa privada.

Esta clase de decisiones decepciona a algunos pueblos originarios que entendieron al pie de la letra la prédica de que el gobierno de Morales les pertenecía.

 

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