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Alarma en Argentina por droga boliviana

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LA NACION- BUENOS AIRES
Lunes 02 de febrero de 2015 | Publicado en edición impresa
Editorial I
República o narco-Estado
El consumo de paco está creando una masacre colectiva en nuestro país, donde el narcotráfico se expande sin freno ante la pasividad de las autoridades
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última parte
La irrupción del paco en la Argentina está produciendo una masacre colectiva. Miles de jóvenes y hasta barrios enteros en varios puntos del país viven inmersos en una tragedia que es necesario detener.
La dirigencia y la sociedad en general continúan subestimando los efectos de las drogas en las personas y, también, su inserción subrepticia en las estructuras del Estado, como hemos señalado en nuestro editorial de ayer. Ha llegado la hora de que, como sociedad, tomemos conciencia de la situación y tengamos una mirada no negadora y atenta sobre este fenómeno de crecimiento tan veloz como dramático.
El narcotráfico no es sólo un problema entre bandas delictivas que se desarrollan bajo el amparo de la pasividad oficial. Sus consecuencias son palpables y visibles en miles de familias y en cada vez más distritos de nuestro país. En algunos lugares, el paco no sólo ya transforma íntimamente la vida de muchos, sino que impulsa cambios de convivencia en vecindarios, el aumento de la delincuencia, la prostitución juvenil y el narcomenudeo como salida laboral.
Es conocida la gravísima situación de Rosario, donde las bandas de narcotraficantes ya están instaladas. Se suma Jujuy, que dejó hace tiempo de ser un lugar de paso para la droga y se convirtió en zona de consumo. El gobierno de Eduardo Fellner, aliado del kirchnerismo, tuvo en estos años un accionar laxo frente a esta problemática. La tarea de la secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de esa provincia, conducida desde hace más de una década por un histórico político local del justicialismo, Huáscar Eduardo Alderete, es a todas luces un estrepitoso fracaso.
Se suma a esto que el gobierno jujeño, como tantos otros, no sólo no cuenta con estadísticas reales sobre esta problemática, sino que tampoco tiene centros de rehabilitación que permitan asistir integralmente a los adictos. Es decir, la sociedad está frente a una doble trampa: la droga, en particular el paco, circula con facilidad y sin que se combata debidamente. Además, no hay cómo afrontar sus efectos letales de manera eficaz.
Nuestro país ha desarrollado, a lo largo de los últimos años, un conjunto de condiciones que favorecen el desarrollo del narcotráfico en grandes, medianos y pequeños volúmenes. Fronteras débiles -en particular, en el límite norte-, una Justicia que se ve superada por los acontecimientos y que no tiene ni las herramientas ni los conocimientos necesarios para combatirlo; estructuras de poder corrompidas o directamente cómplices de la venta de drogas; un alto grado de impunidad; un sistema migratorio frágil que permite el ingreso de narcotraficantes de otros países sin ser identificados; la posibilidad de lavar dinero fácilmente y, por sobre todo, la falta de voluntad política al máximo nivel del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta realidad se suma a altos índices de pobreza e indigencia, y a la falta de perspectivas de miles de jóvenes. Cuando no hay esperanza, la droga se presenta como una salida: para quienes consumen, como evasión, y para quienes la comercializan en pequeñas o grandes dosis, como una forma de ganar dinero fácil y rápido y ascender -paradójicamente- socialmente.
Cada día de inacción de los gobiernos nacional y provinciales equivale a cientos de niños, jóvenes y adultos que caen en una espiral de difícil salida. Volver a la vida después del paco es una tarea compleja desde lo humano y costosa en términos de políticas sanitarias. Quien consume paco destruye su presente y su futuro y, además, termina afectando a su entorno; en primer lugar, a sus familias, y luego, a sus comunidades.
Urge que, antes de que sea demasiado tarde para emprender el camino de regreso, tomemos conciencia del impacto social que están produciendo el paco y el narcotráfico en el país y dejemos de pensar en este asunto como un problema de otros. Es prioritario que las autoridades del gobierno nacional y de todos los distritos, así como los poderes legislativo y judicial aúnen esfuerzos con responsabilidad. Toda dilación implicará más vidas perdidas y no hará más que favorecer el entramado de la droga en numerosos sectores de nuestra sociedad.

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